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La educación, sí, la educación


El Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado que la mejor política económica es la que pasa por una buena educación. Los que, desde hace muchos años, trabajamos en esto, no podemos dejar de estar de acuerdo. No sólo la educación es la mejor inversión, sino que es la garantía de que la sociedad avance y los individuos tengan en su mano la posibilidad de ser felices. Porque una buena educación nos proporciona un puesto en la sociedad y una puerta abierta a los placeres del entendimiento.
¿Cómo puede lograrse que la Educación, ahora con mayúsculas, mejore de forma considerable en Andalucía? En primer lugar conociendo sus problemas de fondo. Problemas que van más allá de asignaturas concretas o de cuestiones laborales. Problemas que conciernen a la esencia misma del sistema educativo que, desde hace años, no responde a las necesidades de la sociedad a la que debe atender. Y se trata de una cuestión de sentido común, de conocimiento y de solvencia.

El primer reto, es respetar y hacer posible el derecho a la educación de todos nuestros niños y jóvenes. Ese derecho pasa porque no haya alumnos sin profesor, debido a que las bajas por enfermedad o por otros motivos, no se cubren. Este es el gran déficit de la enseñanza pública, el que hace que, en muchos casos, los padres prefieran acudir a los centros concertados que les garantizan (con fondos públicos, no lo olvidemos) que sus hijos no van a estar ni un día, ni una hora, sin profesor.
En segundo lugar, el derecho a que esa educación se realice en las mejores condiciones posibles, sin que existan centros de primera o de segunda. Todos los niños tienen derecho a que en sus colegios e institutos haya ordenadores, plurilingüismo, comedor, actividades extraescolares, transporte o aulas matinales. La verdadera conciliación familiar no pasa por considerar a la escuela como receptáculo donde los niños pasan su tiempo, sino en que el tiempo escolar tenga su verdadero sentido académico y los centros posean toda clase de servicios (deportivos, asistenciales, culturales) atendidos por personal adecuado.

El derecho a la educación significa que todos los niños tengan una atención acorde con sus características personales, sociales e intelectuales. No todos aprenden igual, ni lo mismo, ni en el mismo tiempo, ni en la misma forma. Todos los años pasan por nuestras aulas los “niños invisibles”. Niños silenciosos; niños que no entienden; niños lentos; niños dispersos; niños sin esperanza. Son niños que necesitan una enseñanza diferente, alternativa, valiente, que les haga autónomos, felices, niños sin fracaso, niños con un futuro a su medida. Y no me refiero únicamente a los alumnos con necesidades específicas asociadas a discapacidad, sino a muchos otros queno siguen la marcha de la clase y van fracasando. El fracaso, terrible sensación que el niño experimenta cuando no ocupa un lugar en el universo escolar.

Pero hay más. Los centros educativos llevamos años sufriendo cambios legales. Reglamentos, instrucciones, órdenes, decretos, superpuestos en amalgama, sin coherencia y creando inquietud, desestimiento y duda. A ello se suma la gran cantidad de tareas administrativas, que el profesorado realiza y  la sensación de que nadie nos oye. Cunde el desánimo, crece la desmotivación.
En medio de todo esto, la enseñanza pública tiene que cargar con otro estigma. El que la asocia con violencia, agresiones, problemas de todo tipo, desorganización… A todos los que ejercemos nuestro trabajo con la mayor dignidad y profesionalidad en la escuela pública, nos duelen estas atribuciones, por eso demandamos respeto a nuestra tarea y, sobre todo, una apuesta decidida por lo público.
Porque es posible una educación pública de calidad. Tenemos los mejores profesionales; un gran número de centros dotados con medios materiales; tenemos, sobre todo, un alumnado que confía en nosotros, madres y padres que, a pesar de que corren vientos en contra, siguen depositando en nuestras manos a sus hijos, que es lo mejor que tienen.
Es posible una educación pública de calidad. Con autonomía real de los centros, con respaldo legal a los Equipos Directivos para que ejerzan su labor, con leyes que permitan la atención real a todos los alumnos, con sustituciones efectivas e inmediatas, con respeto y apoyo a la labor del profesorado…
Es posible y podemos. Pero aquellos que por la voluntad popular inherente a la democracia ocupan la Administración Educativa, tienen la obligación moral y ciudadana, de aplicarse sin desmayo, con imaginación, valentía, talento y trabajo. Ellos tienen que ser también los mejores, los más preparados, sin cuotas y sin repartos acomodaticios.
Mientras tanto, los que trabajamos el día a día de los colegios e institutos, seguiremos intentando suplir todas esas deficiencias, que alguna vez quisiéramos ver resueltas por el bien de la sociedad a la que servimos. Por los niños, por nuestros niños. Por ellos, sí, por ellos.

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